Er DesvánGarzón encara su 'juicio final'
Baltasar Garzón, CGPJ, Audiencia Nacional
Baltasar Garzón, CGPJ, Audiencia Nacional
El magistrado Baltasar Garzón probó ayer su propia medicina. El Tribunal Supremo le acusó de ocultar el cobro de 203.135 dólares durante su estancia en la Universidad de Nueva York, asestando así un doloroso revés a la carrera del juez, aspirante a la presidencia de la Audiencia Nacional. Un golpe a su credibilidad en pleno escándalo del ‘caso Gürtel’, instrucción por la que afronta una querella del Partido Popular por prevaricación.
El futuro profesional de Garzón queda ahora en manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que deberá decidir si, como apunta el Supremo, Garzón cometió una “falta muy grave” al solicitar una licencia de “docencia e investigación” sin comunicar que recibiría un jugoso sueldo por su trabajo en la universidad. El magistrado permaneció en Nueva York entre marzo de 2005 y junio de 2006, donde ejerció como director, moderador y ponente de un ciclo de conferencias.
Este hecho vulneraría el artículo 417.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que considera falta muy grave “faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos, autorizaciones, declaraciones de compatibilidad, dietas y ayudas económicas”. El CGPJ podría poner fin a la trayectoria de Garzón como magistrado estrella, ya que, para estos casos, el reglamento contempla sanciones como la separación de la carrera profesional, la suspensión de hasta tres años o el traslado forzoso a otro Juzgado que esté a, al menos, 100 kilómetros de distancia.
Sin embargo, el tiempo juega a favor del magistrado. Pese a demostrarse que la conducta de Garzón fue irregular, el juez podría quedar impune gracias a que los hechos datan de 2005, y las faltas muy graves prescriben a los dos años. Fuentes jurídicas, que formaron parte del CGPJ previo al actual, explicaron a este diario que, técnicamente, los hechos probados deberían traducirse en una dura sanción para Garzón, pero precisaron que, dados los años transcurridos, lo más probable es que el órgano de gobierno de los jueces considere que la falta ha prescrito.
El auto del Supremo considera probado que el Centro Rey Juan Carlos I asumió el pago de los gastos de viaje de Garzón por valor de 21.152 dólares, así como la escolarización de la hija del magistrado en la Escuela Internacional de Naciones Unidas por un importe de 21.650 dólares. Además, Garzón cobró 160.333,14 dólares en concepto de sueldo. Una cantidad que no comunicó al CGPJ para obtener la licencia de estudios, ya que, en el año 2000, el Consejo ya rechazó una solicitud del magistrado para impartir conferencias en Estados Unidos “por no estar incluida tal actividad en el tipo de licencia por razón de estudios”.
Querella por prevaricación
El CGPJ ya se ocupó de este asunto en febrero de 2008, cuando el abogado Antonio Panea denunció que Garzón había cobrado importantes cantidades de dinero por su actividad en Nueva York. El órgano se dirigió al magistrado, quien se limitó a contestar que no tenía “nada que informar”. Entonces, el CGPJ decidió archivar la denuncia con el voto en contra del ex vocal Carlos Ríos, quien sostuvo que “procedía ampliar el Informe” sobre Garzón.
Panea llevó el caso al Supremo en junio de 2008, acusando a Garzón de cohecho y prevaricación. La querella de este abogado se basaba en el libro Garzón, juez o parte de José Díaz Herrera, donde se relata que el magistrado pudo llegar a cobrar 1,7 millones de dólares como conferenciante, gracias al patrocinio del Banco Santander. Panea denunció que, a su regreso a España, Garzón archivó con celeridad una querella contra el Santander, en lugar de apartarse del caso.
Sobre esta denuncia, el auto del Supremo afirma que no existe relevancia penal, y rechaza que Garzón incurriera en los delitos de cohecho o prevaricación, por lo que Panea anunció a este diario que recurrirá el fallo. “El Supremo debería llamar a declarar al autor del libro y recabar la información de la que él dispone”, manifestó el abogado.
No obstante, la querella ha desencadenado que el Supremo remita de nuevo al CGPJ el caso del ocultamiento. Así, el Supremo señala que Garzón no comunicó al CGPJ “la percepción de sueldo a través de nómina, limitándose a hacer referencia a sufragio de gastos”. El Alto Tribunal también indica que “las cantidades percibidas pudieran exceder de los límites fijados en la ley 53/1984 de 23 de diciembre, para el supuesto de actividades autorizadas para su compatibilidad con el cargo público”, incluso “dando por supuesto que la licencia conllevase implícita tal compatibilidad”.
Garzón se libró ayer de otra sanción al considerar el CGPJ que el magistrado no puede ser sancionado por cazar junto al ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. El PP había solicitad que se estudiara si la jornada de caza significaba una anomalía en la instrucción del ‘caso Gürtel’, pero el órgano de gobierno de los jueces consideró que la conducta de Garzón no incurría en ninguna falta recogida en la ley. Por ahora, el eclipse del magistrado estrella es sólo parcial.
El futuro profesional de Garzón queda ahora en manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que deberá decidir si, como apunta el Supremo, Garzón cometió una “falta muy grave” al solicitar una licencia de “docencia e investigación” sin comunicar que recibiría un jugoso sueldo por su trabajo en la universidad. El magistrado permaneció en Nueva York entre marzo de 2005 y junio de 2006, donde ejerció como director, moderador y ponente de un ciclo de conferencias.
Este hecho vulneraría el artículo 417.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que considera falta muy grave “faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos, autorizaciones, declaraciones de compatibilidad, dietas y ayudas económicas”. El CGPJ podría poner fin a la trayectoria de Garzón como magistrado estrella, ya que, para estos casos, el reglamento contempla sanciones como la separación de la carrera profesional, la suspensión de hasta tres años o el traslado forzoso a otro Juzgado que esté a, al menos, 100 kilómetros de distancia.
Sin embargo, el tiempo juega a favor del magistrado. Pese a demostrarse que la conducta de Garzón fue irregular, el juez podría quedar impune gracias a que los hechos datan de 2005, y las faltas muy graves prescriben a los dos años. Fuentes jurídicas, que formaron parte del CGPJ previo al actual, explicaron a este diario que, técnicamente, los hechos probados deberían traducirse en una dura sanción para Garzón, pero precisaron que, dados los años transcurridos, lo más probable es que el órgano de gobierno de los jueces considere que la falta ha prescrito.
El auto del Supremo considera probado que el Centro Rey Juan Carlos I asumió el pago de los gastos de viaje de Garzón por valor de 21.152 dólares, así como la escolarización de la hija del magistrado en la Escuela Internacional de Naciones Unidas por un importe de 21.650 dólares. Además, Garzón cobró 160.333,14 dólares en concepto de sueldo. Una cantidad que no comunicó al CGPJ para obtener la licencia de estudios, ya que, en el año 2000, el Consejo ya rechazó una solicitud del magistrado para impartir conferencias en Estados Unidos “por no estar incluida tal actividad en el tipo de licencia por razón de estudios”.
Querella por prevaricación
El CGPJ ya se ocupó de este asunto en febrero de 2008, cuando el abogado Antonio Panea denunció que Garzón había cobrado importantes cantidades de dinero por su actividad en Nueva York. El órgano se dirigió al magistrado, quien se limitó a contestar que no tenía “nada que informar”. Entonces, el CGPJ decidió archivar la denuncia con el voto en contra del ex vocal Carlos Ríos, quien sostuvo que “procedía ampliar el Informe” sobre Garzón.
Panea llevó el caso al Supremo en junio de 2008, acusando a Garzón de cohecho y prevaricación. La querella de este abogado se basaba en el libro Garzón, juez o parte de José Díaz Herrera, donde se relata que el magistrado pudo llegar a cobrar 1,7 millones de dólares como conferenciante, gracias al patrocinio del Banco Santander. Panea denunció que, a su regreso a España, Garzón archivó con celeridad una querella contra el Santander, en lugar de apartarse del caso.
Sobre esta denuncia, el auto del Supremo afirma que no existe relevancia penal, y rechaza que Garzón incurriera en los delitos de cohecho o prevaricación, por lo que Panea anunció a este diario que recurrirá el fallo. “El Supremo debería llamar a declarar al autor del libro y recabar la información de la que él dispone”, manifestó el abogado.
No obstante, la querella ha desencadenado que el Supremo remita de nuevo al CGPJ el caso del ocultamiento. Así, el Supremo señala que Garzón no comunicó al CGPJ “la percepción de sueldo a través de nómina, limitándose a hacer referencia a sufragio de gastos”. El Alto Tribunal también indica que “las cantidades percibidas pudieran exceder de los límites fijados en la ley 53/1984 de 23 de diciembre, para el supuesto de actividades autorizadas para su compatibilidad con el cargo público”, incluso “dando por supuesto que la licencia conllevase implícita tal compatibilidad”.
Garzón se libró ayer de otra sanción al considerar el CGPJ que el magistrado no puede ser sancionado por cazar junto al ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. El PP había solicitad que se estudiara si la jornada de caza significaba una anomalía en la instrucción del ‘caso Gürtel’, pero el órgano de gobierno de los jueces consideró que la conducta de Garzón no incurría en ninguna falta recogida en la ley. Por ahora, el eclipse del magistrado estrella es sólo parcial.
Fuente: Alberto Mendoza/El imparcial
