Er DesvánEl gafe que tenía residencia fija en el Ministerio de Fomento parece haber cogido el 27, el autobús que recorre el Paseo de la Castellana, para instalarse una temporada en el número 162 de esa arteria madrileña donde tiene su despacho Miguel Sebastián. Y es que a Industria se le abren vías de agua con respirar. El Plan Integral de Automoción ha tenido la rara virtud de concitar todas las adhesiones… en su contra, el acuerdo con las eléctricas para cerrar el déficit de tarifa no llega mientras se aproxima el deadline fijado para finales de este mes y hasta la OCU ha pedido al Ministerio que suspenda la facturación mensual de la electricidad tras el aluvión de reclamaciones. Sin contar con un arranque de año trufado de críticas al ministro por los límites que concede a la paciencia del Gobierno y su apuesta made in Spain.
La mañana de Sebastián empezó ayer con uno de esos datos que te amargan el día desde el desayuno. Los fabricantes de automóviles publicaban que las matriculaciones de vehículos industriales habían caído casi un 73% en enero. Eso después de que la patronal Anfac hubiera mostrado su indignación –disfrazada de “desilusión”- por la falta de medidas de estímulo a la demanda en el Plan Integral o de que los concesionarios se sintieran excluidos de la iniciativa y hablaran de ella como un parche. Faltaban los sindicatos, que ayer se sumaron al aquelarre con energía. CCOO aseguró que el proyecto nace vacío de contenido y que “no es de recibo cuantificar el plan integral con más de 4.000 millones cuando la mayoría del aporte económico ya estaba contemplado o proviene de proyectos ajenos al sector de la automoción”.
Y continuó con un ataque demoledor, casi sonrojante. CCOO acusa al Ministerio de Industria de no haber consensuado el documento que fue a Consejo de Ministros –“a la reunión que a finales de enero sirvió como primera toma de contacto no le sucedió otro encuentro para debatir entre todos el documento que finalmente se aprobó”- y asegura que utilizó “el método de la contestación por escrito para reclamar la opinión de los colectivos afectados”. El sindicato que ahora dirige Ignacio Fernández Toxo, en una nota formulada a través de su Federación Minerometalúrgica, cuestiona el vehículo híbrido-eléctrico, pide también incentivos directos más allá del Plan Vive y hasta advierte que las medidas laborales que propone Sebastián “podrían dilatarse un año” al condicionarse al diálogo social.
Demasiado entre manos
Tampoco están muy contentas con el ministro las eléctricas, aunque aquí el discurso es más contenido a la espera de ver cómo evolucionan las negociaciones para resolver el problema del déficit de tarifa. “No es un problema de pasividad –indican fuentes del sector-. El Ministerio está hiperactivo y a lo mejor el problema está precisamente ahí. Se necesita más tranquilidad para acometer cuestiones complejas como el déficit. Las eléctricas necesitan ver los números y parece que en Industria están en tantas cosas que no tienen ni tiempo para poner el acuerdo negro sobre blanco”. Estas fuentes prácticamente descartan que pueda cerrarse un pacto antes de que acabe febrero, como había avanzado el ministro.
¿Hasta qué punto juega el calendario electoral? No parece que beneficie al PSOE anunciar una subida de la luz, aunque sea diferida en tres o cuatro años, en plena campaña electoral y en plena crisis. El propio ministro, que corrió a anunciar un acuerdo con las eléctricas antes del 31 de diciembre para poder acometer una subida del 3,5% en enero, ya dijo que hasta julio no habría subida, en lo que supone toda una declaración de intenciones. “Es posible que hasta les interese retrasar el acuerdo”, conceden estas fuentes a sabiendas, como admite Industria, que solucionar el déficit de tarifa es necesario pero no muy popular. No en vano acompasar el coste real de la energía con los ingresos de la actividad regulada obligaría a subir la luz un 30%, de acuerdo con los cálculos efectuados por la propia Comisión Nacional de la Energía (CNE).
A día de hoy, las eléctricas conocen las líneas maestras de lo que les toca, pero no lo detalles. Saben que tendrán que sufragar un bono social, pero dicen no saber si se fijará en función de la renta o del consumo. Ni su cuantía. Tampoco el umbral en que se fijará a partir de julio la Tarifa Último Recurso (TUR), precio máximo de la energía para particulares. “Por debajo de cinco kilovatios afecta a 13 millones de clientes. Si el umbral es 10 kilovatios, a 19 millones, y ahí por definición hay empresas”, se explica. Y así con todo. Las eléctricas ya cuentan con el compromiso de que tendrán un aval del Estado para titulizar el déficit de tarifa pendiente, en el entorno de los 13.000 millones hasta 2008 según cálculos de la CNE, pero advierten que cada día que pasa el coste de financiación crece y los rating empeoran.
¿Por qué no esperar?
A estos dos problemas de calado se han venido a sumar convidados de última hora. Una de las cosas que ha podido retrasar a Industria son los problemas que ha suscitado el nuevo sistema de facturación mensual de la electricidad, uno de los empeños de Sebastián para hacer más transparente la tarifa eléctrica, que los consumidores tuvieran una referencia más clara de su gasto y favorecer así el ahorro energético. Una buena medida sobre el papel mal implementada y que ha terminado con la apertura de una investigación por la Comisión Nacional de la Energía por los posibles excesos en los cobros por parte de las compañías eléctricas en las facturas de enero y febrero.
Desde las compañías tienen claro a quien apuntar. “En octubre se avisó al Ministerio de que podía ocurrir lo que ha pasado. Que era mejor arrancar en marzo, cuando técnicamente es más fácil, y no en enero, cuando no se va a tener una lectura real de los contadores. Además, en el inicio de año se juntaba la revisión al alza de las tarifas con la certeza de que la facturación tenía que basarse en una estimación… Pero el Ministerio de Industria decidió no esperar”, se explica desde el sector eléctrico. Las bajas estimaciones de diciembre provocaron una lectura real muy elevada en enero, lo que disparó las cuantías. La OCU apostó ayer por zanjar la cuestión de un plumazo y suspender la facturación mensual.
Para rematar, el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, envió una carta a Sebastián para que “ponga con urgencia todos los medios” con el fin de evitar que parte de la producción del grupo EADS se traslade de España a Toulouse, después de la decisión del consorcio aeroespacial de disolver su división de aviones de transporte militar, única unidad dirigida íntegramente en nuestro país, e integrarla en Airbus, según publicaba ayer el diario Abc. Beteta cuantificó que se perderían 4.500 puestos de trabajo directos y 40.000 indirectos e instó al Ejecutivo a que se imponga en la negociación. España posee un 5,5% en EADS a través de la SEPI.
El Ministerio de Industria ha decidió tomar cartas en el asunto ante esta espiral de malos pasos y ha decidido encomendar su plan para Estados Unidos, una de las iniciativas estrellas de Sebastián en materia de promoción y comercio exterior, a las más altas instancias. ¿Zapatero?¿Acaso Barack Obama? La presentación en Nueva York del proyecto, que cuida con mimo el Icex y que con toda probabilidad contará con la presencia de los Príncipes de Asturias los próximos 16 y 17 de marzo, coincide curiosamente con la festividad de San Patricio. A este paso, el ministro no necesitará menos.
La mañana de Sebastián empezó ayer con uno de esos datos que te amargan el día desde el desayuno. Los fabricantes de automóviles publicaban que las matriculaciones de vehículos industriales habían caído casi un 73% en enero. Eso después de que la patronal Anfac hubiera mostrado su indignación –disfrazada de “desilusión”- por la falta de medidas de estímulo a la demanda en el Plan Integral o de que los concesionarios se sintieran excluidos de la iniciativa y hablaran de ella como un parche. Faltaban los sindicatos, que ayer se sumaron al aquelarre con energía. CCOO aseguró que el proyecto nace vacío de contenido y que “no es de recibo cuantificar el plan integral con más de 4.000 millones cuando la mayoría del aporte económico ya estaba contemplado o proviene de proyectos ajenos al sector de la automoción”.
Y continuó con un ataque demoledor, casi sonrojante. CCOO acusa al Ministerio de Industria de no haber consensuado el documento que fue a Consejo de Ministros –“a la reunión que a finales de enero sirvió como primera toma de contacto no le sucedió otro encuentro para debatir entre todos el documento que finalmente se aprobó”- y asegura que utilizó “el método de la contestación por escrito para reclamar la opinión de los colectivos afectados”. El sindicato que ahora dirige Ignacio Fernández Toxo, en una nota formulada a través de su Federación Minerometalúrgica, cuestiona el vehículo híbrido-eléctrico, pide también incentivos directos más allá del Plan Vive y hasta advierte que las medidas laborales que propone Sebastián “podrían dilatarse un año” al condicionarse al diálogo social.
Demasiado entre manos
Tampoco están muy contentas con el ministro las eléctricas, aunque aquí el discurso es más contenido a la espera de ver cómo evolucionan las negociaciones para resolver el problema del déficit de tarifa. “No es un problema de pasividad –indican fuentes del sector-. El Ministerio está hiperactivo y a lo mejor el problema está precisamente ahí. Se necesita más tranquilidad para acometer cuestiones complejas como el déficit. Las eléctricas necesitan ver los números y parece que en Industria están en tantas cosas que no tienen ni tiempo para poner el acuerdo negro sobre blanco”. Estas fuentes prácticamente descartan que pueda cerrarse un pacto antes de que acabe febrero, como había avanzado el ministro.
¿Hasta qué punto juega el calendario electoral? No parece que beneficie al PSOE anunciar una subida de la luz, aunque sea diferida en tres o cuatro años, en plena campaña electoral y en plena crisis. El propio ministro, que corrió a anunciar un acuerdo con las eléctricas antes del 31 de diciembre para poder acometer una subida del 3,5% en enero, ya dijo que hasta julio no habría subida, en lo que supone toda una declaración de intenciones. “Es posible que hasta les interese retrasar el acuerdo”, conceden estas fuentes a sabiendas, como admite Industria, que solucionar el déficit de tarifa es necesario pero no muy popular. No en vano acompasar el coste real de la energía con los ingresos de la actividad regulada obligaría a subir la luz un 30%, de acuerdo con los cálculos efectuados por la propia Comisión Nacional de la Energía (CNE).
A día de hoy, las eléctricas conocen las líneas maestras de lo que les toca, pero no lo detalles. Saben que tendrán que sufragar un bono social, pero dicen no saber si se fijará en función de la renta o del consumo. Ni su cuantía. Tampoco el umbral en que se fijará a partir de julio la Tarifa Último Recurso (TUR), precio máximo de la energía para particulares. “Por debajo de cinco kilovatios afecta a 13 millones de clientes. Si el umbral es 10 kilovatios, a 19 millones, y ahí por definición hay empresas”, se explica. Y así con todo. Las eléctricas ya cuentan con el compromiso de que tendrán un aval del Estado para titulizar el déficit de tarifa pendiente, en el entorno de los 13.000 millones hasta 2008 según cálculos de la CNE, pero advierten que cada día que pasa el coste de financiación crece y los rating empeoran.
¿Por qué no esperar?
A estos dos problemas de calado se han venido a sumar convidados de última hora. Una de las cosas que ha podido retrasar a Industria son los problemas que ha suscitado el nuevo sistema de facturación mensual de la electricidad, uno de los empeños de Sebastián para hacer más transparente la tarifa eléctrica, que los consumidores tuvieran una referencia más clara de su gasto y favorecer así el ahorro energético. Una buena medida sobre el papel mal implementada y que ha terminado con la apertura de una investigación por la Comisión Nacional de la Energía por los posibles excesos en los cobros por parte de las compañías eléctricas en las facturas de enero y febrero.
Desde las compañías tienen claro a quien apuntar. “En octubre se avisó al Ministerio de que podía ocurrir lo que ha pasado. Que era mejor arrancar en marzo, cuando técnicamente es más fácil, y no en enero, cuando no se va a tener una lectura real de los contadores. Además, en el inicio de año se juntaba la revisión al alza de las tarifas con la certeza de que la facturación tenía que basarse en una estimación… Pero el Ministerio de Industria decidió no esperar”, se explica desde el sector eléctrico. Las bajas estimaciones de diciembre provocaron una lectura real muy elevada en enero, lo que disparó las cuantías. La OCU apostó ayer por zanjar la cuestión de un plumazo y suspender la facturación mensual.
Para rematar, el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, envió una carta a Sebastián para que “ponga con urgencia todos los medios” con el fin de evitar que parte de la producción del grupo EADS se traslade de España a Toulouse, después de la decisión del consorcio aeroespacial de disolver su división de aviones de transporte militar, única unidad dirigida íntegramente en nuestro país, e integrarla en Airbus, según publicaba ayer el diario Abc. Beteta cuantificó que se perderían 4.500 puestos de trabajo directos y 40.000 indirectos e instó al Ejecutivo a que se imponga en la negociación. España posee un 5,5% en EADS a través de la SEPI.
El Ministerio de Industria ha decidió tomar cartas en el asunto ante esta espiral de malos pasos y ha decidido encomendar su plan para Estados Unidos, una de las iniciativas estrellas de Sebastián en materia de promoción y comercio exterior, a las más altas instancias. ¿Zapatero?¿Acaso Barack Obama? La presentación en Nueva York del proyecto, que cuida con mimo el Icex y que con toda probabilidad contará con la presencia de los Príncipes de Asturias los próximos 16 y 17 de marzo, coincide curiosamente con la festividad de San Patricio. A este paso, el ministro no necesitará menos.
Fuente:Cotizalia/Daniel Toledo
